LAS MEDIDAS NO SON NI LAS NECESARIAS NI LAS CONVENIENTES

Existen otras soluciones e Izquierda Unida las ha entregado al Presidente del Gobierno hace más de un año y las ha discutido en loas reuniones de Zurbano con el Gobierno. Pero el Ejecutivo se ha plegado a las exigencias del capital financiero. Estamos bajo una dictadura financiera que va a por todas; a por los servicios públicos, a por las pensiones y a por las Cajas de Ahorro.”:

a) Las medidas del Gobierno hacen pagar la crisis a los de siempre, a los trabajadores, a los empleados públicos, a los jóvenes y a las mujeres. No hay ni una sola medida para que paguen los poderosos, que son los que han generado la crisis.

b) Hay otra forma de combatir el déficit. Se pueden aumentar los ingresos del Estado haciendo pagar a los que más tienen. Resulta indignante que haya que congelar las pensiones mientras un alto directivo de la Banca  se va a jubilar con 87 millones de euros de pensión.

No es aceptable, e IU no lo va a aceptar, que se reduzca el salario a los empleados públicos (muchos de ellos mileuristas) mientras en muchas instituciones, empresas públicas y otros organismos hay salarios que multiplican por varios enteros el del Presidente del Gobierno. Es escandaloso que los ejecutivos de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 tengan unas retribuciones que son 17 veces el salario medio de los empleados de esas empresas.”, recuerda el Coordinador general de IU.

c) De forma urgente, se puede restaurar el Impuesto del Patrimonio, que ha perdonado más de 2.200 millones a los más ricos. Se pueden hacer aflorar para que entren en el circuito del consumo y paguen sus impuestos las decenas de millones de billetes de 500€ que están escondidos y son dinero negro. Se puede hacer tributar a los grandes millonarios por cuyas sociedades patrimoniales de inversión sólo pagan el 1%.

d) Estamos en una actitud constructiva, pese a todo para ayudar a la salida de la crisis, pero no entregaremos la economía y los servicios sociales del país al capital financiero.

Hemos pedido al Gobierno que convoque a los representantes de las fuerzas políticas para encontrar entre todos medidas que vayan en esta dirección y no las que impone el PP para luego burlarse de ellas con el fin exclusivo de cabalgar sobre la crisis para hacerse con el Gobierno”.

e) Creemos que ha llegado la hora de la movilización porque el Gobierno ha traspasado todas los límites. Se trata del bienestar actual y futuro del conjunto de la ciudadanía o los intereses de una dictadura financiera que quiere acabar con el escaso Estado de Bienestar que hay en España e incluso socavar las bases de la democracia.

PROPUESTAS URGENTES ENTRE LAS 100 MEDIDAS 

PARA COMBATIR EL DÉFICIT FISCAL Y CREAR EMPLEO

A.- MEDIDAS URGENTES PARA REDUCIR EL DEFICIT PÚBLICO, AUMENTANDO LA RECAUDACIÓN FISCAL

1.- Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal

a).- Definir un Plan de Lucha contra la Economía Sumergida que establezca objetivos de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

b).- Hacer aflorar LOS BILLETES DE 500 en el consumo y por tanto utilizarlos para dinamizar la economía y aumentar la recaudación tributaria

2.- Presentación del Gobierno en función de su ejercicio de la Presidencia Europea de un plan de convergencia y armonización fiscal para los países de la UE con calendario de aplicación.

3- Recuperación del Impuesto de Patrimonio (2.200 millones de euros, destinados al Programa de Empleo de las CCAA)

4.- Convocatoria de las fuerzas políticas con representación parlamentaria para acordar las bases de una reforma fiscal progresiva que situe la contribución fiscal en la media de la UE sobre la base de “qué pague más quién más tiene y más gana”. IU defenderá:

           

a).- Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.)

b).- Imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, entendido este fin como situar el índice de paro por debajo del existente el 1 de enero de 2008, de los bonos, primas y cualquier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones financieras.

c) Reorientación de la reforma del IVA, eliminando la subida general de tipos que entrará en vigor el 1 de junio y estableciendo un IVA especial al 25% (o en caso necesario un Impuesto especial o su incremento en 7 puntos) para bienes de consumo de lujo, animales vivos no destinados a consumo humano, joyas, abrigos y prendas de piel, aeronaves y embarcaciones de vela y motor cuyo uso no se destine al comercio marítimo o a la pesca profesional, etc.

d) Reducción del tipo del IVA al superreducido en el caso de alimentos de primera necesidad. 

e) Reforma de la fiscalidad de las SICAV, que deben tributar como cualquier otra sociedad.

f) Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.

g) Elevación del tipo impositivo marginal en el último tramo del IRPF del 43 al 50%.

h) Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables, de acuerdo con la proposición de Ley de Fiscalidad Medioambiental presentada por IU-ICV el pasado 21 de julio de 2009.

i) Consideración en el marco de la UE de La Tasa Tobin como una herramienta para financiar iniciativas industriales innovadoras en los sectores estratégicos para un desarrollo justo y sostenible. Proposición de las Directivas correspondientes.

B.- MEDIDAS PARA COMBATIR EL DÉFICIT CON LA RACIONALIZACIÖN DEL GASTO PÚBLICO

Izquierda Unida considera que cualquier reducción del gasto público es contradictoria con los objetivos de estimulo de la demanda que son imprescindibles en una situación de crisis económica como la actual.

La conveniente limitación del déficit no puede ser obtenida, en estas condiciones, por la vía del recorte del gasto, sino mediante mecanismos de incremento de los ingresos como los propuestos en este documento.

Sin embargo, es absolutamente necesaria una racionalización del gasto público que reoriente el mismo hacía la eficiencia, el aumento efectivo del gasto social, la mejora de los servicios sociales públicos y la actividad productiva.

Así mismo, Izquierda Unida se opone radicalmente a la reducción del salario de los empleados públicos y a su congelación., excepto los altos cargos y los cargos de confianza, así como a la reducción de departamentos o la disminuición del sector público empresarial

En este caso, las reducciones sólo sirven para que la actividad sea desarrollada por el sector privado, con mayores costes y un control inexistente de la eficiencia del gasto.

En consecuencia, proponemos:

1.- Limitación de los altos salarios en el conjunto de las Administraciones Públicas y de sus organismos, fundaciones y empresas, vinculadas  o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esta disposición debe ser incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los partidos políticos se comprometen a aplicar esta medida en los órganos autonómicos con competencias para fijar las retribuciones de sus cargos públicos, cargos de confianza y directivos de empresas, entes y organismos públicos. Complementariamente:

a) Supresión de cualquier retribución por participación o asistencia en Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce.

b) Elaboración de un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.

2.- Modificación de la Ley de Contratos del Estado para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos. Establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.

3.- Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.

4.- Un Plan de Control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia del mismo con los siguientes elementos:

a) Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.

b) Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.

c) Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).

d) Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, ente, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte al menos dos representantes de los trabajadores. Será competente para examinar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de servicios y proyectos, gastos de promoción y publicidad, obras de reforma, servicios de mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los demás especificados en las propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos y enviados de oficio, en su caso, tanto a la Intervención General del Estado como al Tribunal de Cuentas correspondiente.

e) Creación de una Agencia Estatal para el Control de la Calidad del Gasto.

5.- Reforma de la Intervención General del Estado y de los Organismos semejantes en las diferentes CC.AA. para asegurar no solamente el control de la legalidad del gasto, sino también el de calidad del mismo. Reversión de los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría.

Publicidad de los informes de la Intervención.

6.- Reforma del Tribunal de Cuentas para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones. Los gestores deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal.

7.- Responsabilidad civil y penal de los gestores y de los organismos de control

8.- Desarrollo de un programa de Colaboración del Instituto de Administración Pública con las Fundaciones de los partidos y fuerzas políticas para desarrollar programas específicos de Formación de cargos públicos para el control del gasto público y la gestión presupuestaria.

C.- REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

1.- Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro como alternativa a la entrada de capital privado con derechos políticos. Este Sistema Público estaria constituido  por las cajas configurados como empresas o fundaciones públicas de carácter financiero, con finalidad social, vinculadas al territorio y dependientes de las actuales CC.AA. de tutela. La gestión del riesgo sería mancomunada a través de un Sistema Institucional de Protección al que se podría vincular el ICO.

D.- OTRAS MEDIDAS

1.- Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.

a) Proponemos reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.

b) Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.

2- Invertir en la adquisición de 100.000 viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler moderado. El alquiler no deberá ser superior al 30% de los ingresos de los inquilinos.

3.- Suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas  en el caso de trabajadores parados. Acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, para que el embargado continúe en el uso de la vivienda (el derecho de uso no es embargable según la Ley Hipotecaria) a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo.

4.- Modificación de la legislación hipotecaria y el Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.