Traducción
de un artículo publicado en septiembre de 2012 en varios periódicos económicos
alemanes
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania
crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta"
de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos
con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la
situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos
y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España
puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no
contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no
debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema
político y económico, hoy en manos de una oligarquía política
aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se
aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas.
Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante
generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la
administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en
su mayoría en bancarrota y completamente fuera de
control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la
clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y
diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto
público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-,
excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se
realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción
totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del
país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios
demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000
euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785
euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como
se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta
talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes
pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de
primer nivel.
La razón de la
enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo
nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de
partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica,
y con el poder judicial y los organismos de control a su
servicio. En España no existe separación de poderes, ni
independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los
ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto
lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y
que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país.
Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación
y sanidad.
Las ayudas para
España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no
deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En
la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público
en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de
darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de
cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de
recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles
(FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que
la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE
investigue sus cuentas.
Control
estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que
las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto
y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar
recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el
Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que
cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos
es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos
infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los
casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio
Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero
de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente
venales.
La pasada semana
el ministro de Industria Soria -imputado también por
corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda
en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa
líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la
nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000
millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó
una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede
permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a
17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los
organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a
17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV
regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas
públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente
para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni
fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones,
equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un
sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se
tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los
últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana
son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62%
del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para
todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo
realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que
ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones
de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de
regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con
la consolidación fiscal.
El tema del
déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra
perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de
España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit
público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo
Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior
al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión.
A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta
fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la
Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el
Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la
semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y,
con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después,
Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que
estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no
han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están
todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima
del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa.
Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de
convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la
joven democracia española tiene todavía muchos déficits de
representatividad y de democracia que deberían interesar a la
canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia
multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho
posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una
asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas
han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda
Europa.
Es frustrante
que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se
destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean
forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha
llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de
la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo
literalmente aniquilada.
Resumiendo: no
es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en
algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la
peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e
ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para
un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos
problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta
política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias
generaciones.
*Stefanie
Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.
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